En el selector de radioemisoras de mi camioneta hay un espacio vacío desde el pasado 1º de agosto de 2009. Desde ese día, de vez en cuando lo sintonizo para que el silencio me recuerde que allí debería estar sonando Zuliana 102 FM, emisora a través de la cual me informaba y escuchaba música; y que gracias a decisiones arbitrarias del Gobierno Nacional ya no puedo seguir disfrutando.
Poco a poco se van cerrando los espacios y en momentos cuando todos deberíamos estar unidos para reclamar un derecho inalienable, lamentablemente privan los intereses personales y se mantiene un silencio cómplice de los principales afectados. No hablo de los periodistas, locutores y trabajadores de medios que ahora se han visto en la calle. Me refiero a los dueños de muchas radioemisoras, salvo contadas excepciones, quienes prefieren mantener un silencio cómplice para evitar eventuales pases de factura que impacten negativamente otros intereses propios.
El cierre de las 32 emisoras radiales y 2 televisoras regionales no sólo atenta contra el derecho al trabajo, contra la libertad de expresión e información; es la manifestación de una estrategia muy bien orquestada para tomar el control de todos los medios de comunicación venezolanos y que se expresa en diversas actuaciones de los poderes públicos, los cuales en lugar de ser garantes de nuestros derechos, se convierten en obstáculo permanente con un solo fin: callar la disidencia, la opinión crítica, la pluralidad, la independencia de criterio.
A ello se suman la Ley de Educación, próxima a aprobarse en la Asamblea Nacional; y otros instrumentos, más leguleyos que legales, para llevarnos a un sistema político cada vez más alejado de la democracia. Triste destino el que nos espera si continuamos impasibles ante el derrumbamiento de los valores que como Nación estamos obligados a defender. Se prefiere un pensamiento único, así muchas veces esté equivocado. Se prefiere aceptar la incompetencia antes que permitir que otros den soluciones efectivas a los problemas de las comunidades. Se prefiere obviar la corrupción antes que tomar las medidas en contra de este mal que nos está carcomiendo como país.
La responsabilidad de actuar no es de los partidos políticos de oposición, ni de los estudiantes, ni de los profesionales de la comunicación que se quedaron sin trabajo por el cierre de las emisoras, ni de los periodistas a los cuales se les pretende pasar una Ley de Ejercicio de contrabando. Es un problema de todos los ciudadanos a quienes les duele este país y que deberían estar en pie de lucha para que se respete la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos preceptos son vulnerados una y otra vez ante el silencio cómplice de muchos y la angustia de unos pocos.
La ciudadanía se ejerce, no es un regalo ni una concesión graciosa. Y en Venezuela cabemos todos: chavistas y no chavistas. Todas las opiniones deben ser respetadas y la condición más importante no viene dada por ninguna afiliación política: la determina el sólo hecho de ser humanos y venezolanos.
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